Profesor Titular de la UPNA-NUP
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Materiales y texto de la conferencia, presentada como acto único en el marco de las Jornadas Escuelas con Memoria en la UPNA: los lenguajes de la memoria / Memoriaren hizkuntzak NUPen: Memoria duten Eskolak, celebradas el 14 de noviembre de 2024 en la Sala Fernando Remacha del Sario (UPNA).
RESUMEN
Este trabajo examina la génesis y evolución de la enseñanza universitaria del euskera en Navarra, desde las primeras iniciativas impulsadas por la Diputación Foral en los años setenta hasta la consolidación de la línea de euskera en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a comienzos del siglo XXI. Se analiza el papel de la Universidad de Zaragoza como marco inicial de tutela y el impacto del proceso autonómico, que condujo a la separación entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, dando lugar a un modelo foral propio.
A través de fuentes documentales, periodísticas y testimoniales, se reconstruyó la actitud de la UPNA hacia el euskera tras su creación en 1987. La convulsa y azarosa “infancia” del euskera en la universidad navarra fue un proceso atravesado por tensiones lingüísticas, resistencias institucionales y episodios de exclusión. En conjunto, el artículo ofrece una lectura histórica y sociolingüística del desarrollo del euskera en la educación superior de Navarra, analizando la interacción entre lengua y política en la construcción del espacio universitario de la Comunidad Foral.
Palabras clave: Escuela de Profesorado; Magisterio; Universidad de Zaragoza; Universidad Pública de Navarra; euskera; universidad; Navarra; política lingüística; educación superior; política universitaria; sociolingüística.
ABSTRACT
This article examines the origins and development of university-level teaching in Basque (Euskera) in Navarre, from the first initiatives promoted by the Provincial Council in the 1970s to the consolidation of the Basque-language track at the Public University of Navarre (UPNA) in the early twenty-first century. The study begins with the context created by Spain’s 1970 General Education Law and highlights the pioneering role of the Huarte de San Juan Teacher Training College, affiliated with the University of Zaragoza, where in 1986 the first full university programme taught entirely in Basque was introduced.
Drawing on documentary, journalistic, and testimonial sources, this study reconstructs the University of Navarre’s stance toward the Basque language after its establishment in 1987. The turbulent and uncertain “childhood” of Basque within the university was shaped by linguistic tensions, institutional resistance, and episodes of exclusion. Overall, the article provides a historical and sociolinguistic reading of the development of Basque in higher education in Navarre, examining the interaction between language and politics in the shaping of the university sphere of the Foral Community.
Keywords: Teaching School; University of Zaragoza; Public University of Navarre; Basque language; university; Navarre; language policy; higher education; university policy; sociolinguistics.
LABURPENA
Lan honek unibertsitateko euskal irakaskuntzak Nafarroan izan duen sorrera eta bilakaera aztertzen du, Nafarroako Foru Aldundiak 70eko hamarkadan sustatutako lehen ekimenetatik hasi eta XXI. mendearen hasieran Nafarroako Unibertsitate Publikoan (NUP) euskal lerroa sendotu zen arte. Lana 1970eko Hezkuntzako Lege Orokorrak irekitako testuingurutik abiatzen da, eta Zaragozako Unibertsitateari atxikitako "Huarte de San Juan" Irakasleen Unibertsitate Eskolaren zeregin aitzindaria nabarmentzen du; izan ere, 1986an ezarri zen euskara hutsezko lehen unibertsitate lerroa Nafarroan.
Dokumentu, kazetaritza eta testigantza iturrien bidez, NUPek 1987an sortu ondoren euskararekiko izan zuen jarrera aztertzen da. Hasiera hartan tentsio linguistikoak eta euskararekiko erresistentziak izan ziren nagusi. Euskara unibertsitatean baztertzeko edo desagertarazteko ahaleginak ohikoak izan ziren, eta agerian utzi zuten Nafarroako unibertsitate eremuan euskararen "haurtzaro" gorabeheratsua. Oro har, artikuluak Nafarroako goi-mailako hezkuntzan euskarak izan duen garapenaren irakurketa historiko eta soziolinguistikoa eskaintzen du, Foru Komunitateko esparru akademikoaren eraikuntzan hizkuntza eta politikaren arteko elkarrekintza aztertuz.
Gako hitzak: Irakasle Eskola; Zaragozako Unibertsitatea; Nafarroako Unibertsitate Publikoa; euskara; unibertsitatea; Nafarroa; hizkuntza-politika; goi-mailako hezkuntza; unibertsitate-politika; soziolinguistika..
Figura 2. Presentación de la conferencia divulgativa titulada Línea de Magisterio en euskera, nacimiento y azarosa infancia incluida dentro de las jornadas Escuelas con Memoria organizadas por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Introducción
A partir del Decreto General de Educación de 1970, que por primera vez permitía el uso de las lenguas vernáculas en la enseñanza, en Navarra se abrió un nuevo horizonte para la incorporación del euskera al sistema educativo. Esta apertura normativa coincidió con una creciente demanda social de formación de profesorado capacitado en lengua vasca, impulsada por el renacer cultural y lingüístico que acompañó el final del franquismo.
En este contexto, la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Navarra, entonces dependiente de la Universidad de Zaragoza, desempeñó un papel pionero en el ámbito sociolingüístico. La creación de una línea de euskera dentro de los estudios de Magisterio respondió a una necesidad social emergente: la de dotar a las nuevas generaciones de maestros de herramientas lingüísticas y pedagógicas para enseñar en euskera en un sistema educativo todavía monolingüe.
Más allá de su dimensión académica, aquella iniciativa tuvo un fuerte valor simbólico. Representó uno de los primeros reconocimientos institucionales de la diversidad lingüística de Navarra y de la legitimidad del euskera como lengua de cultura y de docencia. La Escuela se convirtió así en un espacio de confluencia entre el mundo universitario y los movimientos sociales que reclamaban una educación bilingüe, abierta y enraizada en la realidad lingüística del territorio. A través de la formación del profesorado, se sentaron las bases de un proceso de normalización que, aunque lento y desigual, resultaría decisivo para el futuro del euskera en el ámbito educativo navarro.
1. Lengua, política y universidad en la Transición: del franquismo a la línea de euskera en Magisterio (1970–1986)
1.1. Antecedentes político-culturales
El interés institucional por los estudios de enseñanza superior en Navarra tiene raíces muy antiguas (véase Anexo 1). Puede rastrearse hasta la Universidad de Irache, donde ya en 1539 se impartían artes y lenguas clásicas (Goñi Gaztambide, 1960), o incluso a los proyectos universitarios medievales impulsados en territorio navarro. Entre ellos destacan el intento de Universidad de Ujué, promovido en el siglo XIV por el rey Carlos II, y el proyecto de Universidad de Tudela, alentado por Teobaldo II de Navarra (1253–1270), que finalmente no llegó a consolidarse (Burgi, 2017). Estas iniciativas tempranas muestran que el deseo de una universidad propia precede con mucho a los debates contemporáneos sobre la educación superior.
En paralelo, en Gipuzkoa, el humanista Rodrigo Mercado de Zuazola fundó en 1540 la Universidad de Oñati, considerada la primera universidad propiamente vasca. En el siglo XVIII, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País creó el Real Seminario Patriótico de Bergara (1779), pionero en introducir métodos experimentales y un modelo laico de enseñanza científica, interrumpido por la inestabilidad política de finales del siglo.
Durante el siglo XIX se multiplicaron los proyectos universitarios en el ámbito vasco-navarro. El más ambicioso fue la propuesta de Universidad Vasco-Navarra de 1866, promovida oficialmente por la Diputación de Navarra y dirigida a las diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. El documento, recientemente redescubierto y difundido por la editorial Mintzoa (Etxeberria Cayuela, 2023), recogía un proyecto detallado de financiación, organización y plan de estudios, con asignaturas de Medicina, Derecho, Ciencias y Filosofía, pero no de Teología, por estar ya cubierta por los seminarios eclesiástico. En él se apelaba a la necesidad de “conservar en los jóvenes el amor a la familia, el sentimiento patrio y el respeto a sus instituciones, y permitirles adquirir la ciencia sin traspasar las fronteras de su tierra natal”.
Aquel documento refleja un temprano proyecto de educación superior compartida entre las cuatro provincias vascas, sustentado en un sentimiento político-cultural común y en la aspiración de formar profesionales dentro del territorio. Sin embargo, el contexto convulso del momento entre la segunda y la tercera guerra carlista frustró la iniciativa.
En el cambio de siglo, el dinamismo económico de Bizkaia y Gipuzkoa impulsó nuevos centros técnicos, como la Escuela de Ingeniería Industrial de Bilbao (1897), mientras que en Navarra no prosperaron los intentos de dotarse de una universidad pública. En 1918, el Primer Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Oñati bajo el impulso de Eusko Ikaskuntza, retomó el ideal de una Universidad Vasca común, aunque el proyecto quedó suspendido tras la dictadura de Primo de Rivera (1923).
Ya durante la Guerra Civil, el Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre, con Jesús María de Leizaola como consejero de Cultura, creó la Universidad Vasca en Bilbao, clausurada al año siguiente tras la caída de la ciudad. Pese a su breve existencia, el proyecto simbolizó la voluntad de dotar a Euskal Herria de un sistema universitario propio y moderno.
Tras la guerra, el panorama universitario se reconfiguró bajo el control del Estado. En Navarra, el vacío público fue ocupado por la Universidad de Navarra, fundada en 1952 por el Opus Dei, que consolidó una hegemonía confesional en la educación superior. Esta Universidad inició en 1963 la Cátedra de Cultura Vasca, dirigida por el antropólogo José María de Barandiarán, que representó un paso significativo en la institucionalización del estudio del euskera y la etnografía vasca.
La Ley General de Educación de 1970, impulsada por José Luis Villar Palasí, introdujo por primera vez un leve margen para la incorporación de las lenguas vernáculas en la enseñanza. Aquella disposición abrió un resquicio legal que, años más tarde, permitiría el retorno del euskera a la educación universitaria navarra.
La Diputación Foral, consciente de la especificidad lingüística del territorio y de la creciente demanda social, impulsó un acuerdo con la Institución Príncipe de Viana y con la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Navarra (entonces adscrita a la Universidad de Zaragoza) para financiar una Cátedra de Euskera, que garantizara la contratación de profesorado especializado.
Merced a este acuerdo, pocos meses después del fín del dictador, pero todavía sin estar desmantelada la dictadura, en 1976, el claustro de la Escuela aprobó la inclusión del euskera como asignatura dentro del currículo. A partir de entonces, la lengua vasca comenzó a impartirse en todos los niveles formativos del centro, abriendo así un camino pionero dentro de la enseñanza universitaria navarra. Aquella iniciativa, discreta pero de profundo calado sociolingüístico, respondía a una necesidad urgente: formar maestros y maestras capaces de enseñar en euskera en un momento en que la lengua apenas había recuperado presencia en la escuela.
Durante los primeros años de la Transición (1975–1982), existió un amplio consenso entre las fuerzas progresistas en torno a la creación de un Distrito Universitario Vasco común, que integrara las universidades de las cuatro provincias. Dirigentes políticos de organizaciones que más tarde se incorporarían al PSOE, como Javier Iturbe, y el propio Partido Socialista de Euskadi–Agrupación Socialista de Navarra (PSE–ASN) defendían abiertamente esa posibilidad. Sus representantes participaron activamente en los debates sobre la futura estructura autonómica, llegando incluso a fotografiarse bajo el Árbol de Gernika, símbolo del autogobierno vasco, y a ocupar puestos relevantes en el Consejo General Vasco, como fue el caso del parlamentario navarro Carlos Solchaga.
Sin embargo, aquella orientación inicial del socialismo navarro cambió de manera abrupta tras la reorganización del partido a escala estatal. Las decisiones estratégicas tomadas desde Madrid impulsaron la separación orgánica del socialismo navarro respecto al vasco y un giro en su política territorial. En ese mismo contexto, los sectores nacionalistas moderados, especialmente en el País Vasco, optaron por asegurar una autonomía viable a tres provincias (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) antes que arriesgarse a un proyecto más amplio que pudiera fracasar en la negociación constitucional. Esa elección, pragmática y cautelosa, contribuyó indirectamente a consolidar la exclusión de Navarra del marco autonómico común.
Nació así el Partido Socialista de Navarra (PSN), que abandonó la idea de un marco universitario y autonómico compartido con las provincias de la actual Comunidad Autónoma Vasca, y optó por impulsar una comunidad diferenciada bajo el modelo foral navarro, concebida como alternativa al proyecto de autonomía vasca de cuatro territorios.
El cambio, que sorprendió incluso a destacados representantes del socialismo navarro, tuvo repercusiones directas en el ámbito universitario. Una vez consolidado en el Parlamento Foral, el PSN promovió la creación de una universidad pública independiente del distrito vasco, dotada de competencias y administración propias. Las fuerzas conservadoras mostraron inicialmente reservas, temerosas de una posible competencia institucional, mientras que los sectores abertzales rechazaron el proyecto por considerar que suponía el fin del sueño de un distrito universitario común para el conjunto de Euskal Herria.
1.2. Un distrito universitario dependiente de Zaragoza y los primeros pasos del euskera en la escuela
La situación del euskera en el sistema educativo navarro durante los años finales del franquismo estuvo marcada por la dependencia universitaria de la provincia respecto al distrito de Zaragoza y por una apertura lingüística tan limitada como controlada. Aunque la Ley General de Educación (LGE) de 1970, impulsada por José Luis Villar Palasí, introdujo tímidamente la noción de lengua nativa en su articulado (en particular en los artículos 14 y 17), su aplicación fue mínima y restringida. Solo se contemplaba la posibilidad de enseñar la lengua vernácula a los escolares cuya lengua materna no fuese el castellano, de modo voluntario y siempre fuera del horario lectivo, lo que reducía su alcance a un gesto simbólico más que a una verdadera reforma educativa.
El Decreto de 30 de mayo de 1975, aprobado bajo el ministerio de Cruz Martínez Esteruelas, pretendió concretar la aplicación de aquellos artículos de la LGE. La noticia fue recibida con entusiasmo por algunos sectores vascos, como muestra el titular en euskera del suplemento de Príncipe de Viana de junio de ese mismo año: “Euskera ofizialki eskoletan” (“El euskera oficialmente en las escuelas”) (Príncipe de Viana, 1975). El texto celebraba, con tono casi incrédulo, que el euskera hubiera “entrado oficialmente” en las aulas del Estado español, calificando el 30 de mayo como “un día memorable”.
Sin embargo, más allá de la retórica esperanzada, la medida representaba más una regularización del statu quo que una verdadera apertura. Como subraya Maeztu Esparza (2020), el decreto de 1975 buscaba en realidad controlar un proceso ya en marcha, impulsado por la sociedad civil y por la propia Diputación Foral de Navarra, que desde finales de los años sesenta había creado una sección específica dedicada al fomento del vascuence (1956) y había tolerado la expansión de las ikastolas, que enseñaban en euskera y no solo de euskera.
Así, la LGE y su desarrollo posterior representaron una apertura controlada: se permitió cierta participación de las instituciones locales y un margen limitado para las lenguas nativas, pero sin modificar la estructura jerárquica del sistema educativo franquista. No obstante, esas pequeñas grietas en el edificio del centralismo resultarían decisivas. De ellas surgirían, en los años posteriores, las primeras iniciativas de enseñanza reglada en euskera y, finalmente, la creación de las primeras líneas de formación del profesorado en euskera, que cristalizarían en la Escuela de Magisterio de Pamplona a mediados de los años ochenta.
1.3. La reivindicación de un Distrito Universitario propio para Euskal Herria
1.3.1. La campaña "Euskal Unibertsitatea, Bai" y la necesidad de una universidad vasca
Paralelamente, en el ámbito universitario se desarrollaba un intenso debate sobre la necesidad de crear un Distrito Universitario Vasco. Durante la segunda mitad de los años setenta, el movimiento “Universidad Vasca, Sí – Euskal Unibertsitatea, Bai” impulsó la idea de una universidad común para las cuatro provincias vascas, adoptando como emblema una imagen diseñada por Eduardo Chillida, que con el tiempo se convertiría en el símbolo oficial de la Universidad del País Vasco.
No obstante, cuando en 1977 se constituyó el distrito universitario vasco, este abarcó únicamente las tres provincias que hoy integran la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra quedó fuera, pese a las numerosas voces que reclamaban su inclusión. En aquel momento, las universidades de Álava y Gipuzkoa se integraron en la de Bilbao, consolidando un modelo que excluía al territorio navarro y lo mantenía bajo la dependencia académica de Zaragoza.
El debate sobre esa exclusión fue intenso y quedó reflejado en diversas publicaciones de la época. Una cuidada selección de estos textos fue recogida por Román Felones (1996) en su obra La Universidad Pública de Navarra. Génesis y creación (1979–1987), que constituye hoy una fuente de primer orden para comprender las distintas posiciones ideológicas y políticas en torno a la cuestión universitaria.
Entre los materiales reunidos por Felones destacan tres artículos publicados en Punto y Hora de Euskal Herria entre 1977 y 1978: «El Distrito Universitario del País Vasco», firmado por José Manuel Castells, catedrático de Derecho Administrativo de la EHU; y «No al aislamiento de Navarra» y «La Comisión Pro Distrito Común». Los tres textos ilustran la polarización del debate y la importancia simbólica del distrito universitario como elemento de articulación política, lingüística y territorial en plena Transición.
El artículo de Castells, en particular, ofrecía un diagnóstico de fondo sobre la marginación universitaria de Euskal Herria. A su juicio, la ausencia de un distrito propio no era una anomalía técnica, sino el reflejo de una dependencia cultural prolongada, heredera de la centralización estatal. Desde su doble condición de jurista y militante del movimiento ESEI (junto a Gregorio Monreal), Castells defendía que la creación de una universidad vasca unificada debía ser un paso esencial hacia un autogobierno basado en la cultura, la lengua y la educación (Felones, 1996; Jimeno Aranguren, 2020).
El propio Monreal, elegido senador por Gipuzkoa, desempeñó un papel destacado en la redacción constitucional y en la defensa de la disposición adicional primera relativa a los derechos históricos vascos, mientras que Castells participó en la primera Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno central y las instituciones vascas. Ambos compartían una sensibilidad claramente universitaria y contribuyeron a sentar las bases jurídicas del nuevo marco autonómico.
La lectura conjunta de estos textos (recogidos por Felones, 1996) permite apreciar no solo la densidad del debate universitario en Hego Euskal Herria, sino también la magnitud de una oportunidad perdida: la de haber construido, en los albores de la democracia, un espacio académico común, plural y bilingüe que integrase la diversidad cultural y lingüística de todo el territorio vasco-navarro en una sola comunidad y un solo distrito universitario.
Figura 5. Artículo de José Manuel Castells sobre el Distrito Universitario Vasco (Punto y Hora, 1977; Felones, 1996)
El sistema de distritos universitarios establecido en 1845 consagró la centralización del modelo español de enseñanza superior, subordinando a cada territorio a un rectorado ajeno a su realidad local. Navarra quedó integrada en el distrito de Zaragoza, y los territorios vascos se repartieron entre los de Valladolid y Zaragoza, lo que impidió la existencia de una articulación académica propia. Esta fragmentación, como señaló Castells (1977/1978), se consolidó bajo el franquismo, que utilizó la estructura universitaria como instrumento de control político y cultural.
Incluso las reformas educativas de los años sesenta, impulsadas por el ministro Villar Palasí, mantuvieron intacta esa lógica centralista. La creación de la Universidad de Bilbao en 1968 no vino acompañada de un distrito propio, y Navarra siguió dependiendo de Zaragoza. Para Castells (1977/1978), esta situación no constituía solo una discriminación administrativa, sino una desigualdad cultural estructural, derivada de la ideología uniformadora del régimen. La ausencia de un distrito universitario vasco común implicaba la negación del derecho a disponer de una universidad que pensara desde su lengua, su historia y su identidad.
Desde una perspectiva jurídica e histórica, Castells vinculaba la falta de autonomía universitaria con una limitación del autogobierno cultural. La subordinación a rectorados externos imposibilitaba diseñar políticas docentes y de investigación ajustadas a las necesidades sociolingüísticas del territorio. En este sentido, la reivindicación de un “distrito universitario vasco” no era solo un proyecto académico, sino una forma de reclamar autonomía cultural dentro de un marco político que comenzaba a democratizarse.
1.3.2. La Comisión Pro Distrito Común
Con el inicio de la Transición democrática, se abrió la posibilidad de revisar la organización universitaria heredada del franquismo. En 1977, en el marco del debate sobre el régimen preautonómico vasco, se planteó la creación de un Distrito Universitario Vasco que integrara Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Sin embargo, el proyecto naufragó pronto, víctima de tensiones políticas e intereses contrapuestos.
El Gobierno de la UCD, presionado por sus representantes navarros, decidió excluir a Navarra del nuevo distrito, manteniéndola vinculada al de Zaragoza. Esta exclusión fue denunciada por la Comisión Pro Distrito Común, que interpretó la decisión como una medida arbitraria y continuista con la lógica centralista del franquismo, contraria al espíritu democrático que inspiraba la reorganización del Estado. Según recogía Punto y Hora de Euskal Herria (1977a), amplios sectores sociales y culturales consideraron aquella exclusión un intento de aislar a Navarra del conjunto vasco y de mantener bajo control el ámbito universitario mediante la influencia de determinados poderes locales y eclesiásticos, especialmente el Opus Dei.
La Comisión Pro Distrito Común, presidida por Koldo Mitxelena y respaldada por figuras señeras de la cultura vasca como José Miguel de Barandiarán, Carlos Santamaría o Txillardegi, defendió en el acto de Bergara la creación de una universidad pública, laica y unificada, bajo el lema Euskal Unibertsitate Barrutia (“Distrito Universitario Vasco”). En aquel encuentro intervino también Kepa Larunbe, profesor de Derecho Administrativo en Pamplona, quien denunció la marginación de Navarra y subrayó la necesidad de que el entonces “territorio foral” participara en pie de igualdad en la configuración del nuevo marco universitario (Punto y Hora de Euskal Herria, 1977a).
La exclusión navarra, presentada inicialmente como una solución provisional, se convirtió en definitiva. Como advertían los promotores del distrito común, “será mucho más difícil incorporarse más adelante a una estructura ya consolidada que participar desde el inicio en su creación” (Punto y Hora de Euskal Herria, 1977a, p. 5).
1.3.3. Consecuencias culturales y lingüísticas: aislamiento de Navarra y dificultades para el euskera
El fracaso del proyecto de distrito común tuvo efectos profundos y duraderos. Navarra quedó sin personalidad universitaria propia, ni integrada en el espacio académico vasco ni constituida como entidad independiente, manteniendo una dependencia estructural del distrito de Zaragoza. Este aislamiento impidió desarrollar una política universitaria autónoma y dificultó la incorporación sistemática del euskera en la enseñanza superior.
Mientras la Comunidad Autónoma Vasca avanzaba hacia la creación de la Universidad del País Vasco (EHU-UPV) y la progresiva normalización del euskera en la docencia y la investigación, Navarra permanecía al margen de ese proceso. Su sistema universitario se configuró como una estructura dual: por un lado, una enseñanza pública dependiente de estructuras externas, y por otro, una enseñanza privada dominada por la Universidad de Navarra, que concentraba la mayor parte de la oferta académica y del poder institucional.
Desde el punto de vista cultural y lingüístico, esta desconexión consolidó una asimetría persistente. Mientras el euskera se integraba con naturalidad en la vida académica de la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra quedaba reducido a iniciativas locales, personales o voluntaristas. La exclusión del distrito común no fue, por tanto, una mera cuestión administrativa, sino un acto con profundas implicaciones políticas y simbólicas, que condicionó durante décadas la posibilidad de que el euskera alcanzara un estatus universitario pleno.
Cabe preguntarse hasta qué punto la soledad institucional de Navarra influyó en la preservación o el retroceso de su lengua propia. El proyecto de distrito común expresaba una concepción de la universidad como espacio de normalización lingüística y de autoconciencia cultural, pero su discusión se vio pronto envuelta en el debate político emergente de la Transición. En ese contexto, la derecha navarra, que cristalizó en torno a la creación de Unión del Pueblo Navarro (UPN), heredera de sectores de UCD y de la antigua Alianza Popular, articuló un discurso centrado en afirmar la identidad navarra frente al nacionalismo vasco. A partir de 1979, bajo el liderazgo de Jesús Aizpún, esta posición fue ganando influencia y contribuyó a asociar el euskera con el separatismo y con la violencia política, presentándolo como un elemento ajeno o impuesto.
Sin embargo, esa visión contrastaba con la tradición histórica del propio conservadurismo navarro. El carlismo decimonónico y tradicionalista, profundamente arraigado en Navarra, había asumido la identidad vasca y la defensa de los fueros como elementos consustanciales a su ideario. Buena muestra de ello es la “Marcha de Oriamendi”, himno que, aunque compuesto originalmente para conmemorar una victoria liberal, fue adoptado por los carlistas y dotado de una letra donde se exaltaba explícitamente a Euskalerria y sus antiguos fueros:
Gora España ta Euskalerria ta bidezko erregea;Maite degu Euskalerria, maite bere Fuero zarrak(“Viva España y Euskalerría y el rey legítimo; amamos a Euskalerría, amamos sus viejos fueros”)(Auñamendi Entziklopedia, s.v. Marcha de Oriamendi).
Este testimonio evidencia que el imaginario carlista integraba sin conflicto la identidad vasca, el sentimiento foral y la lealtad a la monarquía tradicional. El propio Sabino Arana percibió la amplitud semántica del término Euskalerria, que el tradicionalismo utilizaba en sentido cultural y religioso, y propuso el neologismo Euskadi para conferirle una dimensión política nueva, específica del nacionalismo moderno.
Incluso durante la Guerra Civil, los símbolos vascos y la lengua no fueron percibidos como antitéticos al ideario foralista. El 19 de mayo de 1937, el pretendiente carlista Javier de Borbón-Parma juró los fueros vascos bajo el Árbol de Gernika, acompañado por mandos requetés navarros como Fermín Erice y Antonio Arrue. El gesto, realizado entre las ruinas de la villa bombardeada y contraviniendo las normas de uniformidad impuestas por el partido único, simbolizó la incompatibilidad entre el carlismo foral y la homogeneización franquista (Martorell Pérez, 2011).
En este sentido, la actitud de UPN hacia el euskera en los primeros años ochenta representó una ruptura ideológica respecto de la tradición foralista que había defendido, sin ambigüedad, tanto la lengua vasca como los símbolos de autogobierno. La progresiva identificación del euskera con el nacionalismo político fue, por tanto, un fenómeno reciente, derivado más del clima ideológico de la Transición que de la herencia cultural del conservadurismo navarro.
Pese a esa tensión política, algunas instituciones demostraron un compromiso inesperado con la lengua vasca. La Universidad de Zaragoza, de la que dependían los estudios universitarios en Navarra, fue una de ellas a través de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB “Huarte de San Juan”. Gracias a ese respaldo, pudo consolidarse un incipiente Departamento de Euskera que demostró su capacidad para impartir docencia en lengua vasca dentro del marco universitario, incluso bajo la dependencia administrativa de una universidad ajena tanto a Navarra como al ámbito cultural vasco.
En paralelo, el desarrollo institucional del País Vasco avanzó con mayor rapidez. En 1980, la Universidad de Bilbao pasó a denominarse oficialmente Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) mediante la Orden del Ministerio de Universidades e Investigación de 25 de febrero de 1980 (BOE, 1980). Este cambio no fue una fundación ex novo, sino una reorganización inmediata de una estructura universitaria ya existente, que permitió al nuevo ente operar desde el primer momento con docencia efectiva y con una orientación acorde a las nuevas competencias autonómicas. La consulta previa a la Real Academia de la Lengua Vasca y a otros organismos vascos reflejó el propósito explícito de dotar a la nueva universidad de una identidad lingüística y cultural propia.
Navarra, en cambio, quedó al margen de aquel proceso de integración universitaria vasca. La futura Universidad Pública de Navarra (UPNA) no sería aprobada hasta 1987 y no iniciaría su actividad docente hasta el curso 1989-1990. La Escuela Universitaria de Magisterio “Huarte de San Juan” no se incorporaría a la nueva institución hasta 1990, tras décadas de dependencia de la Universidad de Zaragoza. Este desfase temporal revela la distinta velocidad con la que se articularon los proyectos universitarios de ambas comunidades, y cómo Navarra, pese a su situación bilingüe, careció durante años de un marco propio de formación superior en euskera.
La consolidación de marcos autonómicos diferenciados (la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra) cristalizó, así, en trayectorias institucionales divergentes en materia lingüística y educativa. El Amejoramiento del Fuero (1982) otorgó a Navarra un camino propio, pero también la situó ante el desafío de definir su modelo de convivencia lingüística. La respuesta institucional llegó con la Ley Foral del Vascuence (1986), que estableció una división del territorio en tres zonas (Vascófona, Mixta y No Vascófona), configurando un marco jurídico de derechos lingüísticos desiguales.
Aunque se presentó como un equilibrio político entre sensibilidades contrapuestas, esta zonificación tuvo un fuerte impacto simbólico y sociolingüístico: al delimitar administrativamente el uso del euskera, convirtió la lengua en un elemento de frontera interna. Desde entonces, hablar o aprender euskera dejó de ser una cuestión cultural o educativa para convertirse en un marcador identitario y territorial. No es casual que la propia denominación de “zona no vascófona” encierre una paradoja semántica, pues parece condenar a esas áreas a permanecer fuera del ámbito del euskera de manera permanente.
Mientras tanto, en la Comunidad Autónoma Vasca, donde la situación del euskera en Álava era en aquellos años incluso más precaria que en buena parte de Navarra, se optó por un modelo sin zonificación, declarando la cooficialidad del euskera en todo el territorio. Pese a resistencias iniciales —como las que planteó Unidad Alavesa—, el idioma ha logrado una implantación generalizada en la enseñanza y en la administración.
En cambio, en Navarra se consolidó la idea de que la identidad propia se expresaba, precisamente, a través de la no vascofonía. En amplios sectores sociales y políticos se llegó a considerar natural que el sur de la Comunidad permaneciera monolingüe, y que la modernidad pasara más por la incorporación del inglés que por la recuperación del euskera.
La coexistencia de dos marcos institucionales y universitarios diferentes —uno vinculado a UNIBASQ, en el ámbito vasco, y otro a ANECA, en el navarro— evidenció cómo las estructuras académicas pueden reforzar o limitar la presencia del euskera en la enseñanza superior. Este contraste invita a reflexionar sobre el papel de las universidades como agentes activos o pasivos en la construcción de espacios académicos plurales y culturalmente integradores.
En ese contexto de divergencia institucional y de políticas lingüísticas contrapuestas, la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB “Huarte de San Juan” de Pamplona desempeñó un papel decisivo. A comienzos de los años ochenta, y pese a la escasez de recursos y al escaso respaldo político, impulsó la implantación de una línea de euskera en la formación de maestros, demostrando que la enseñanza universitaria en lengua vasca era posible, viable y necesaria incluso dentro de un marco estructuralmente adverso.
2. 1986, un buen año para la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Navarra "Huarte de San Juan" y para la enseñanza universitaria de Navarra
En 1986, cuando Navarra aún no contaba con una universidad pública propia, la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB “Huarte de San Juan”, centro adscrito a la Universidad de Zaragoza, dio un paso decisivo en la historia del euskera en la enseñanza superior. Bajo la dirección de José Ramón Pascual Bonís y con la colaboración de la subdirectora Charo García de Jalón y demás miembros de su equipo, la Escuela implantó la primera línea universitaria íntegramente en euskera dentro de la especialidad de Educación Infantil. Aquella iniciativa, pionera y valiente, no solo respondía a una demanda social emergente, sino que abría un horizonte académico inédito en Navarra: la formación de maestros capaces de enseñar en euskera desde una base universitaria.
La “Huarte de San Juan” supo adelantarse a su tiempo. Aprovechando los márgenes que ofrecía la legislación educativa y la voluntad de un equipo comprometido con la renovación pedagógica, la Escuela desarrolló una estructura docente bilingüe que combinaba rigor académico y sensibilidad social, modesta en recursos, pero ambiciosa en su propósito. Cuando un año más tarde, en 1987, el Parlamento de Navarra aprobó la creación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA/NUP), la línea de euskera ya llevaba un curso completo en funcionamiento. La nueva universidad existía solo sobre el papel: aún no tenía sedes, profesorado ni oferta docente. El verdadero trabajo pionero ya se había hecho en la Escuela.
La Universidad Pública de Navarra, impulsada por el Partido Socialista de Navarra (PSN), fue aprobada en 1987, aunque no comenzó a impartir clases hasta el curso 1989-1990. En los debates previos a su aprobación, el proyecto suscitó recelos y resistencias: las fuerzas conservadoras temían que la nueva universidad se convirtiera en una competidora directa de la Universidad de Navarra, mientras que los sectores abertzales la interpretaron como el cierre definitivo del sueño de un distrito universitario común para Euskal Herria. Frente a esas tensiones, la Escuela de Magisterio había demostrado ya en la práctica que una enseñanza universitaria en euskera era posible en Navarra, incluso fuera del distrito y sin una autonomía compartida. Pero para que ese modelo funcionara hacían falta compromiso y voluntad, dos condiciones que no parecían plenamente aseguradas en el nuevo proyecto universitario.
La dirección del centro, guiada por una ética de servicio público y una clara visión pedagógica, convirtió una rendija legal en una puerta abierta al futuro del euskera. Fue una labor discreta y constante, más sostenida por el compromiso personal que por el apoyo institucional. Aquella humildad inicial se transformó en solidez histórica: frente a los grandes aparatos universitarios, la Escuela de Magisterio “Huarte de San Juan” fue el verdadero punto de partida del euskera universitario en Navarra.
Con la creación de la UPNA, sin embargo, el equilibrio cambió. La Escuela, que había sido el “David” del euskera en la enseñanza superior, se integró en el nuevo entramado universitario y acabó viendo cómo su experiencia pionera era absorbida y, en parte, desmantelada. Las asignaturas en euskera y la propia línea desaparecieron de la Diplomatura, truncando un proceso que había echado raíces en los años más difíciles.
En perspectiva, la experiencia de la Escuela Universitaria de Magisterio “Huarte de San Juan” constituye un episodio fundacional en la historia del euskera en la universidad navarra. Representa el encuentro entre la iniciativa local y las estructuras estatales, entre la innovación pedagógica y la tensión política, y demuestra cómo, incluso desde la modestia institucional, se pueden abrir caminos decisivos para la presencia del euskera en la enseñanza superior.
2.1. La creación de la línea de euskera en la Escuela Universitaria de Magisterio de Navarra (1986)
En el curso 1985-1986, la Escuela Universitaria de Magisterio “Huarte de San Juan”, adscrita a la Universidad de Zaragoza, vivió un proceso de renovación institucional que culminó con la elección de José Ramón Pascual Bonís como nuevo director. Su candidatura fue elegida con un programa orientado a modernizar el centro y a adaptar la formación del profesorado a la realidad sociolingüística de Navarra, en un contexto en que la enseñanza en euskera comenzaba a consolidarse en distintos niveles educativos.
Figura 6. Diapositiva que hace referencia al día en el que Jose Ramón Pascual Bonís fue elegido director de la Escuela de Magisterio de Navarra y un recorte de prensa del siguiente día en el que anuncia la implantación de la primera línea universitaria en euskera de Navarra.
Esther Guibert Navaz, directora saliente, explicó que la Escuela contaba con una experiencia positiva acumulada en la enseñanza del euskera merced al acuerdo que existía con Diputación, lo que había facilitado la creación de un incipiente Departamento de Euskera que venía desarrollando asignaturas optativas y actividades complementarias en lengua vasca. Esta circunstancia, sin duda, facilitaría en los meses venideros la transición hacia el proyecto más ambicioso que el nuevo director pretendía.
Jose Ramón Pascual Bonís anunció públicamente su intención de implantar una línea íntegramente en euskera dentro de la especialidad de Preescolar, medida que consideraba “de gran importancia, dado que vivimos en un territorio bilingüe y el profesorado no puede permanecer ajeno a esta realidad” (Navarra hoy, 19 de julio de 1986). La propuesta fue debatida y aprobada por unanimidad en el Claustro de la Escuela el 26 de junio de 1986, según consta en el acta institucional.
El plan aprobado establecía que todas las asignaturas de la especialidad de Preescolar se impartirían en euskera, manteniendo el mismo programa general que la línea en castellano, pero reforzando la enseñanza de lengua vasca. Según informó la prensa, el grupo de trabajo de euskera de la Escuela justificó la iniciativa por varias razones: el aumento constante del número de estudiantes vascoparlantes, la existencia de una masa crítica mínima de alumnado que garantizaba la viabilidad del proyecto y la escasez de profesorado bilingüe especializado para cubrir la creciente demanda en los centros de EGB (Diario de Navarra, 19 de julio de 1986).
Pascual explicó que la elección de la especialidad de Preescolar no fue casual: se trataba de la opción más adecuada para responder a las necesidades actuales de profesorado en euskera, dado que estos maestros atienden a los niveles iniciales del sistema y pueden impartir clase también hasta los once años, según el plan de estudios vigente (Navarra hoy, 19 de julio de 1986; Navarra hoy, 10 de septiembre de 1986). En palabras del propio director, el objetivo inmediato era “poner en marcha la línea ya este curso y, a partir de la experiencia, estudiar los nuevos planes de estudio que el Ministerio de Educación publicará próximamente” (Navarra hoy, 10 de septiembre de 1986).
La implantación de la línea coincidió con la creciente institucionalización del bilingüismo en Navarra, reconocida en el Amejoramiento del Fuero de 1982, y con la consolidación de las redes de enseñanza en euskera. Hasta ese momento, la formación de maestros euskaldunes se había apoyado fundamentalmente en el reciclaje del profesorado en ejercicio, con el consiguiente coste para la Diputación Foral, o en el desplazamiento de los estudiantes a las escuelas de Magisterio de San Sebastián, Vitoria o Bilbao (Navarra hoy, 10 de septiembre de 1986). La nueva línea en Pamplona vino a normalizar la formación inicial del profesorado bilingüe, permitiendo que los futuros maestros se formasen sin abandonar su entorno.
En el momento de la aprobación, se calculaba que habría al menos cincuenta alumnos con conocimientos suficientes de euskera para iniciar el curso, y que sería necesario contratar tres nuevos profesores euskaldunes para las áreas de Música, Plástica y Psicología, mientras que las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana y Ciencias Naturales ya contaban con docentes preparados (Navarra hoy, 19 de julio de 1986). Los datos de matrícula confirmaron una respuesta positiva del alumnado: diez estudiantes se inscribieron en la convocatoria de junio y se esperaba alcanzar los veinte en septiembre, con un número ideal estimado en veinticinco (Navarra hoy, 10 de septiembre de 1986).
La iniciativa fue presentada en rueda de prensa conjunta por José Ramón Pascual Bonís y María Rosario García, subdirectora de la Escuela Universitaria, quienes también anunciaron la puesta en marcha de nuevos programas de especialización en Educación Especial, Música e Informática aplicada a la Educación (Diario de Navarra, 19 de julio de 1986; Navarra hoy, 19 de julio de 1986). Estas propuestas, destinadas a “enriquecer la oferta académica y formativa del centro” (Navarra hoy, 19 de julio de 1986), formaban parte de una estrategia global de actualización curricular impulsada por el nuevo equipo directivo.
La creación de la línea de euskera fue recibida como un hito en la formación del profesorado bilingüe en Navarra. La prensa destacó que la Escuela de Magisterio de Pamplona era la única situada en zona vascoparlante que aún no disponía de una línea en euskera, lo que confería a la medida un valor simbólico adicional (Navarra hoy, 10 de septiembre de 1986). A la vez, se interpretó como la culminación de una “vieja aspiración” del propio profesorado del centro, que veía en la iniciativa una oportunidad para articular una red de enseñanza y formación docente verdaderamente adaptada a la realidad cultural de la comunidad.
2.2. Implantación de la línea de euskera
La aprobación de la línea de euskera en la Escuela Universitaria de Magisterio “Huarte de San Juan”, dependiente de la Universidad de Zaragoza, debe situarse en el marco de una transición educativa y lingüística decisiva en la Navarra de mediados de los años ochenta. La medida representó un cambio de orientación en la formación del profesorado: del reciclaje lingüístico de maestros en ejercicio hacia la formación inicial bilingüe, que aspiraba a dar una respuesta estructural y duradera a la creciente demanda de enseñanza en euskera.
En este contexto, resulta especialmente significativo el papel desempeñado por la Universidad de Zaragoza, de la que el centro dependía administrativamente. Su rector, Vicente Camarena, acudió personalmente a Pamplona para presidir el acto de toma de posesión del nuevo director, José Ramón Pascual Bonís, celebrado en febrero de 1986, en presencia del consejero foral de Educación, Román Felones, y del vicerrector Tomás Pollán. En ese acto, el rector manifestó el apoyo de su equipo a las iniciativas educativas promovidas desde Navarra y la disposición a colaborar con las autoridades forales en la ampliación de la oferta universitaria (Diario de Navarra, 1986, 7 de febrero, p. 31).
Este respaldo institucional, proveniente de una universidad situada fuera del ámbito lingüístico vasco, confirió legitimidad y cobertura académica a un proyecto que, en aquel momento, podía interpretarse como políticamente sensible. La iniciativa contaba, además, con la complicidad del Departamento de Euskera de la propia escuela, que subrayó la obligación de una institución formadora de maestros de atender a la realidad bilingüe del territorio y de no ignorar a una parte sustancial de su población (Deia, 1986, 19 de julio, p. 17).
Desde esa posición de apoyo externo pero decidido, la Escuela de Magisterio pamplonesa asumió una función pionera dentro del sistema universitario navarro, introduciendo por primera vez una línea de estudios íntegramente en lengua vasca de la mano de una institución aragonesa. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el Claustro del centro el 26 de junio de 1986 y ratificada por la Universidad de Zaragoza. El plan afectaba inicialmente a la especialidad de Educación Preescolar, considerada la más adecuada por la mayor demanda de profesorado euskaldun para los primeros ciclos de enseñanza (Navarra Hoy, 1986, 19 de julio, p. 17).
Según explicó Pascual Bonís, la línea de euskera buscaba “formar un maestro de hoy para una escuela de hoy”, combinando la renovación pedagógica con una sólida formación psicológica, tecnológica y lingüística (Diario de Navarra, 1986, 7 de febrero, p. 31). La escuela preveía incorporar nuevo profesorado euskaldun para cubrir las asignaturas de Música, Plástica y Psicología, y ya contaba con docentes preparados para las áreas de Matemáticas, Lengua y Ciencias Naturales (Diario de Navarra, 1986, 19 de julio, p. 31).
El proyecto fue acompañado por otras iniciativas complementarias, como los cursos de Educación Especial para posgraduados o los de Informática aplicada a la educación; estas iniciativas estaban concebidas para ampliar la oferta formativa y adecuarla a las nuevas necesidades del sistema educativo (Navarra Hoy, 1986, 19 de julio, p. 17). Finalmente, la línea comenzó a impartirse en octubre de 1986 con una primera promoción de entre diez y veinte alumnos, todos ellos vascoparlantes, que pudieron cursar por primera vez en Navarra una diplomatura universitaria íntegramente en euskera (Navarra Hoy, 1986, 10 de septiembre, p. 12).
Figura 8. Recorte de prensa correspondiente al diario "Navarra Hoy" de fecha 10 de septiembre de 1986 en el que se anuncia que la Escuela de Magisterio contará con una línea de euskera.
Así, desde la dependencia administrativa de la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Magisterio de Pamplona se convirtió en la primera institución universitaria navarra en incorporar una titulación completa en lengua vasca, anticipándose a la posterior creación de la Universidad Pública de Navarra. La experiencia de 1986 marcó un precedente histórico en la enseñanza superior, al demostrar que el euskera podía tener un espacio legítimo y normalizado dentro de la estructura universitaria navarra.
3. La Escuela Universitaria "Huarte de San Juan" ante la creación de la Universidad Pública de Navarra
El 21 de abril de 1987, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 8/1987, de creación de la Universidad Pública de Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 12 de junio de ese mismo año. La nueva institución nacía con la misión de asumir el servicio público de la educación superior en la Comunidad Foral, integrando progresivamente las distintas escuelas universitarias existentes en Pamplona y su entorno. Entre ellas se encontraba la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB “Huarte de San Juan”, dependiente hasta entonces de la Universidad de Zaragoza, junto con las Escuelas Universitarias de Empresariales, Ingeniería Técnica Agrícola, Enfermería y Trabajo Social (BOE, 1987).
La ley preveía la creación de una Comisión Gestora, designada por el Gobierno de Navarra, encargada de pilotar el proceso fundacional de la nueva universidad y de ejercer provisionalmente las funciones de gobierno y administración. Su presidencia recayó en Pedro Burillo López, quien desempeñó un papel clave en la articulación de la futura UPNA.
A pesar de las expectativas que acompañaban el proceso, el nuevo marco institucional generó también incertidumbres. En la apertura del curso 1987-1988, los representantes del Gobierno de Navarra (Guillermo Herrero, director general de Educación) y de la Universidad de Zaragoza (Tomás Pollán, vicerrector de Planificación y Organización) firmaron un acuerdo que reconocía oficialmente la línea de Preescolar en euskera y los estudios en esa lengua impartidos en la Escuela “Huarte de San Juan”. Aquella firma suponía la consolidación formal de un proyecto que había nacido pocos años antes bajo la dirección de José Ramón Pascual Bonís, y que ya había demostrado su viabilidad académica. También, gracias a la buena disposición de la Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, se acordó que los estudiantes titulados en esta línea recibieran el título llamado Euskara Gaitasun Agiria (Certificado de Aptitud en Euskera), más conocido por sus siglas EGA, al finalizar sus estudios.
Durante el curso 1988-1989, la dirección de la Escuela envió un escrito a la Comisión Gestora de la nueva Universidad Pública de Navarra solicitando la creación de un organismo que garantizara el uso y la presencia del euskera en el futuro centro universitario. La petición reflejaba una preocupación legítima: asegurar la continuidad de la línea de euskera y del incipiente Departamento que la sustentaba en un contexto institucional en plena transformación.
La respuesta llegó en la Junta extraordinaria celebrada el 7 de abril de 1989, en la que participaron el propio presidente de la Comisión Gestora (posteriormente sería nombrado rector), Pedro Burillo, el director de la Escuela, Patricio Hernández Pérez y el secretario académico, Juan Carlos López-Mugartza, que levantó acta de la sesión. Según el borrador del acta, el presidente de la Comisión Gestora comenzó su intervención manifestando su deseo de “salir al paso de ciertas informaciones que pretendían desprestigiar a la Universidad Pública de Navarra” y de querer ser “absolutamente claro” respecto a las informaciones surgidas sobre el tratamiento del euskera en la nueva institución.
El Presidente de la Gestora afirmó que la preocupación por el euskera carecía de fundamento, ya que su uso estaba plenamente garantizado y no era necesaria la creación de un organismo específico. Expresó incluso su disposición a promover estudios de Filología Vasca si existía demanda, aunque consideraba inapropiada la existencia de asignaturas dedicadas a enseñar euskera, puesto que, según su criterio, a la universidad no se iba a aprender idiomas, sino que se iba ya aprendido.
Con el tiempo, la realidad desmintió parcialmente aquellas afirmaciones. Mientras el inglés fue incorporado con normalidad a todos los planes de estudio de Magisterio (tanto en su vertiente instrumental como didáctica), no ocurrió lo mismo con el euskera. Solo años más tarde se pudo recuperar una materia con objetivos similares a los que existían en la Escuela de Magisterio y que ha dado en llamarse “Habilidades lingüísticas en la otra lengua de la Comunidad”, en la que los estudiantes de la línea castellana reciben nociones básicas de euskera, y viceversa.
A pesar de las reservas manifestadas, el rector no cuestionó entonces la continuidad de la línea de euskera, ni nada hacía prever las dificultades posteriores. Con todo, advirtió que su mantenimiento implicaba un coste económico elevado y que el presupuesto de la nueva Universidad sería necesariamente limitado. En aquel momento, la impresión que quería transmitir era que la integración no supondría una amenaza para la línea, ni para la propia Escuela, ni para el profesorado, aunque habría que estudiar el proceso de integración, para ver cómo asumir el profesorado de la Universidad de Zaragoza que quisiera pasarse a la nueva Universidad.
Finalmente, en 1990, la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado “Huarte de San Juan”, hasta entonces adscrita a la Universidad de Zaragoza, quedó integrada en la Universidad Pública de Navarra – Nafarroako Unibertsitate Publikoa, culminando un proceso de transición institucional que marcaría el inicio de una nueva etapa para la formación del profesorado en Navarra y, de manera muy particular, para la enseñanza del euskera en el ámbito universitario.
4. La Universidad Pública de Navarra y la conflictividad en torno al euskera (1990-2003)
La creación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por Ley Foral 8/1987 había despertado, entre el profesorado y alumnado de la Escuela Universitaria de Magisterio “Huarte de San Juan”, entonces adscrita a la Universidad de Zaragoza, una mezcla de expectación y cautela. Ciertamente, era una oportunidad para consolidar los esfuerzos realizados durante los años anteriores para integrar el euskera en la formación del profesorado desde dentro de Navarra y sin tutelas de Universidades exteriores. Sin embargo, esas expectativas encontraron un obstáculo inesperado apenas dos meses después de la integración de la Escuela en la UPNA.
Durante los primeros años de funcionamiento de la universidad, el gobierno estuvo en manos de una Comisión Gestora presidida por Pedro Burillo López, quien simultáneamente ejercía funciones equivalentes a rector. Se dio la circunstancia de que en el curso 1990-1991, la UPNA comenzó su andadura académica asumiendo la gestión de las antiguas escuelas dependientes de la Universidad de Zaragoza, lo que supuso un cambio administrativo decisivo. La primera medida adoptada por el rectorado fue eliminar la asignatura de euskera de todos los planes de estudio de Magisterio, siguiendo el argumento ya utilizado por el Presidente de la Gestora en su visita el año anterior a la Escuela de Magisterio, de que la función de la universidad no era enseñar idiomas. Dos meses después, en la víspera de una fecha de fuerte carga simbólica —el 20 de noviembre de 1990— dicha comisión adoptó una de las decisiones más controvertidas de la historia reciente de la enseñanza superior navarra: la supresión de la línea de euskera de los estudios de Magisterio, heredada de la antigua Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB y que había comenzado con normalidad desde comienzos del curso en septiembre, aunque se había denunciado que había habido problemas en la matriculación, doce alumnos lo habían hecho sin problemas, otros no lo habían podido hacer por dificultades burocráticas y otros terceros todavía no la habían podido cerrar.
Ese mismo día, la Comisión Gestora comunicó oralmente al profesorado y alumnado matriculado en esa línea que las clases quedaban suspendidas. La comunidad universitaria reaccionó con firmeza. Los profesores y alumnos de la línea de euskera denunciaron la decisión como un acto arbitrario y políticamente motivado. En un comunicado conjunto declararon que las razones económicas y de matrícula eran insidiosas, ya que había sido la propia institución la que había obstaculizado la inscripción y negado la información a los interesados.
La noticia fue recogida en el semanario Comunidad Escolar, revista dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, que hacía hincapié en que la decisión de la suspensión se atribuía a razones económicas y de matriculación insuficiente. Los motivos aducidos, fueron percibidos como excusa para justificar la medida, ya que, por un lado, la línea había sido mantenida en la Universidad de Zaragoza sin que se hubiera dicho en ningún momento que resultaban caros estos estudios y, por otro lado, la insuficiente matrícula venía generada por las dificultades que se habían puesto en el momento de la matriculación, algo que no ocurría en la Universidad de Zaragoza donde no había trabas burocráticas de ese calado. En opinión del profesorado, “si la línea de magisterio en euskera desaparece, Navarra será la única comunidad que no forma a su profesorado de EGB en uno de sus idiomas oficiales” (Pérez, 1990, p. 20).
4.1. El comunicado de protesta y la movilización social
La medida provocó una inmediata reacción de protesta tanto en el ámbito académico como social. El 20 de noviembre, apenas un día después de la suspensión, profesores, alumnos y personal de administración y servicios de la Universidad denunciaron la decisión como un acto arbitrario y políticamente motivado e hicieron público un comunicado de protesta, denunciando que la decisión contravenía el artículo 21 de la Ley Foral del Vascuence (1986), el cual obliga al Gobierno de Navarra a garantizar la formación del profesorado necesario para la enseñanza en euskera. El texto reclamaba la convocatoria urgente de la Comisión Gestora para revocar el acuerdo y restituir la línea suspendida.
La iniciativa tuvo un importante eco social. El texto se difundió entre la comunidad universitaria y la sociedad navarra y en pocas semanas, se recogieron 1.477 firmas en defensa de la continuidad de la línea de Magisterio en euskera, con apoyos procedentes de todos los ámbitos educativos, culturales y sindicales.
El 28 de noviembre de 1990, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Pamplona para exigir la restitución de la línea, pedir la revocación del acuerdo y evidenciar que la medida vulneraba el artículo 21 de la Ley Foral del Vascuence (1986). La manifestación acabó con la entrega del escrito de manera oficial en el Registro de la Secretaría General de la UPNA, entonces ubicada en el edificio de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona. La dirección universitaria guardó silencio ante la petición formal.
El silencio institucional no ayudó a superar la sensación de agravio entre el alumnado y el profesorado, que interpretaron la medida como un retroceso en la consideración del euskera dentro de la enseñanza superior. Todo el esfuerzo que se había realizado durante mucho tiempo en la Escuela de Magisterio había sido malogrado en tan solo dos meses.
4.2. Los años posteriores a la supresión de la línea y su reimplantación
La resolución del conflicto también fue inesperada. En efecto, la situación cambió abruptamente al inicio del siguiente curso, cuando el presidente del Gobierno de Navarra, Juan Cruz Alli, tomó una decisión sorprendente que permitió reanudar la docencia en euskera y restablecer la normalidad académica: el 7 de octubre de 1991 destituyó al rector Pedro Burillo por su gestión académica y económica, y nombró como nuevo rector al catedrático Alberto González Guerrero (Muez, 1991).
Ese relevo se interpretó como un giro político de gran calado en la UPNA y como una señal de que la política lingüística de la universidad podía sufrir modificaciones sustanciales. De hecho, el nuevo rector restituyó la línea de euskera y con la designación de Alejandro Arizkun Cela al frente de los asuntos lingüísticos, sentó las primitivas bases de la normalización lingüística en la Universidad, encargó un estudio sociolingüístico y un Plan Estratégico a Jose María Sánchez Carrión "Txepetx", sociolingüísta de reconocido prestigo, y puso en marcha un proceso de recuperación parcial del euskera en la institución.
En ese contexto nació EHUN (Euskal Herriko Unibertsitate Nafarra), la primera asociación de trabajadores, alumnos y profesores vascoparlantes de la UPNA. Utilizaba el logo de la campaña "Euskal Unibertsitatea, bai", por lo que en el momento de pedir su legalización como Asociación Cultural dentro de la UPNA, se les objetó que estaban utilizando el emblema de la Universidad del País Vasco, EHU, y aunque había una postura abiertamente favorable a legalizar la asociación con todas las garantías legales, se índicó se dejara de usar ese logo y que se cambiara también el nombre para no mimetizarse con las siglas de aquella universidad, adoptando finalente el nombre de Euskara Hizpide Nafarroako Unibertsitatean. Este grupo fue particularmente activo durante los rectorados de Alberto González y Juan García Blasco, participando en la redacción de los Estatutos universitarios e incorporando artículos específicos sobre el euskera. Gracias a su labor se creó la Comisión de Normalización Lingüística y Adhesión al Euskera, concebida como órgano consultivo y de fomento del bilingüismo. Pero el grupo, después de tantas idas y venidas, no llegó nunca a formalizar su entrada en el registro de Asociaciones de la UPNA.
4.3. La normalización del euskera sufre un nuevo revés tras las elecciones de mayo de 1995
Con todo, el episodio de la supresión de la línea de euskera no se olvidó tan facilmente y dejó una huella profunda: evidenció las resistencias que persistían en algunos sectores de la administración educativa navarra hacia la integración efectiva del euskera en la universidad pública. La suspensión de la línea de euskera supuso un momento de quiebra en la trayectoria de la enseñanza universitaria en Navarra y puso de manifiesto hasta qué punto la integración institucional no garantizaba la continuidad de una política lingüística, por más que esta tuviera respaldo previo, y cómo las decisiones de gobierno universitario podían revertir de forma abrupta los avances conseguidos. Esta afirmación se haría realidad en fecha breve, cuando los estudios en euskera volvieron a estar en el punto de mira.
En efecto, si bien el periodo del rector Alberto González Guerrero (1991-1992) y el de su sucesor Juan García Blasco (1992-1995), fue favorable para el euskera y parecía que se habían sentado unas bases sólidas para que el proceso de implantación del euskera quedara blindado y resultara irreversible, no fue así. Los avances logrados fueron efímeros. El 25 de mayo de 1995, tras la derrota electoral de García Blasco, todo el equipo rectoral quedó fuera del claustro universitario. Su equipo no obtuvo representación alguna en el claustro universitario, tras una votación muy ajustada pero dominada por una lista de oposición muy bien organizada que copó todos los puestos, pese a que la diferencia de votos fue mínima. La nueva dirección desmanteló la estructura creada en torno al euskera y paralizó los proyectos impulsados por la Comisión.
4.4. El marco legal: derechos reconocidos y contradicciones institucionales
El marco jurídico que garantizaba el derecho a la enseñanza en euskera se hallaba explícitamente recogido en la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, que en su título II regula la enseñanza. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su sentencia 298/1995, de 9 de diciembre, reconoció que dicho título era aplicable también a la enseñanza universitaria. Según el artículo 19 de la ley, “todos los ciudadanos tienen derecho a recibir la enseñanza en euskera y en castellano, en los términos establecidos en los capítulos siguientes”. El artículo 24 añade que “todo alumno recibirá la enseñanza en la lengua oficial elegida por quien ejerza la patria potestad o tutela, o por el propio alumno cuando corresponda”. Asimismo, el artículo 25, relativo a la zona mixta, dispone que la enseñanza en euskera se introducirá “gradualmente y con suficiencia, creando modelos de enseñanza en euskera para quienes lo soliciten”.
Estos principios se reforzaron en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, aprobados por el Gobierno de Navarra mediante el Decreto Foral 68/1995. En ellos se reconoce, en su artículo 6, que “el castellano y el euskera son las lenguas propias de la Universidad Pública de Navarra, y por tanto, todos los universitarios tienen derecho a conocerlas y utilizarlas”. El artículo 90.h establece el derecho de los estudiantes a realizar sus estudios “en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Navarra, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente”. El título V, “El euskera en la universidad”, desarrolla más ampliamente esta materia. Su artículo 102 proclama que “todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a utilizar el castellano y el euskera, y nadie será discriminado por emplear cualquiera de las dos lenguas”. El artículo 103 detalla los derechos concretos: relacionarse con los órganos universitarios en ambas lenguas, expresarse en ellas en las reuniones, presentar y publicar investigaciones en euskera o castellano, y recibir docencia o realizar exámenes en euskera en las asignaturas ofertadas en esta lengua. Además, la universidad se compromete a garantizar estos derechos con los medios materiales y humanos necesarios, y a planificar la normalización del uso del euskera y su desarrollo docente según la demanda social (art. 104).
La tendencia restrictiva tuvo una muestra de su vitalidad el 12 de junio de 1998, cuando la Junta de Gobierno de la UPNA aprobó el Acuerdo 65/98, por el que se eliminaba la única asignatura que se impartía oficialmente en euskera en la especialidad de Música de la Escuela de Magisterio: "Didáctica de la Lengua y la Literatura". El equipo rectoral hizo una interpretación restrictiva de la ley aduciendo que tan solo la especialidad de Educación Infantil, heredera de la especialidad de Preescolar, tenía derecho a impartir las clases en euskera, y no las demás especialidades; es decir, no se podían impartir asignaturas en euskera en las especialidades de Lengua Extranjera, Educación Física o Música y se ponía en duda, incluso, la propia especialidad de Educación Primaria.
El decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, junto con el director del Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua, mostraron su oposición, recordando que el Boletín Oficial del Estado (n.º 272) establecía expresamente que en las Comunidades Autónomas bilingües existía la obligación de impartir las materias de lengua en la propia de cada comunidad. Pese a ello, la decisión se mantuvo. La carta enviada el 25 de septiembre de 1998 por el Secretario de la Junta de Gobierno al Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales dejaba ver el tono del momento:
“No es un tema pacífico que estemos en una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, como V. I. afirma en su escrito al Secretario General de 23 de junio de 1998, a la vista de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. En virtud de ello, queda vigente el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno”.
Este episodio ilustra la profunda ambigüedad institucional con la que la UPNA gestionó la cuestión lingüística: mientras reconocía formalmente la existencia del euskera en el marco jurídico navarro, limitaba de hecho su presencia en la docencia universitaria. El proceso iniciado con entusiasmo en 1989 concluyó, menos de una década después, en un escenario de repliegue y de subordinación de la lengua vasca dentro de la propia Universidad Pública de Navarra.
4.5. Restricciones legales y persistencia del conflicto: el encierro de 2001
A comienzos de la década de 2000, once años después de la integración de la Escuela de Magisterio en la UPNA, los conflictos en torno al euskera persistían, la situación del euskera en la UPNA se había deteriorado notablemente y la cuestión lingüística volvió a situar a la UPNA en el centro de la polémica. Según el informe del Behatokia (Observatorio de los Derechos Lingüísticos), Hizkuntz eskubideen egoera Euskal Herrian, 2002an (Euskal Herria, 2003), sectores de la Universidad denunciaban de forma reiterada la vulneración de sus derechos lingüísticos y el empeoramiento del clima institucional.
La situación se agravó con la promulgación de una serie de decretos forales restrictivos: el 372/2000, que regulaba el uso del euskera en la Administración Pública; los Planes de Acción de 2001 sobre la aplicación del euskera en las zonas mixta y vascófona; y el Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, que definía los puestos para los que era preceptivo el conocimiento del euskera (excluyendo a los docentes del Departamento de Educación y Cultura). Estos textos redujeron el ámbito legal de aplicación del euskera incluso en las zonas tradicionalmente bilingües. Estas disposiciones, unidas a resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra y al pronunciamiento de Euskaltzaindia (2001), fueron interpretadas como un retroceso significativo en los derechos lingüísticos. Los representantes del Gobierno de Navarra expresaron incluso su intención de modificar la ley para reducir los derechos lingüísticos reconocidos, lo que generó una oleada de protestas. Estas normas, lejos de promover la normalización lingüística, reforzaron una política de zonificación que subordinaba el estatus del euskera a límites geográficos y administrativos. Ante esta situación, miembros de la comunidad universitaria impulsaron diversas movilizaciones en defensa del euskera.
Ese año se produjeron graves incidentes en la UPNA. En ese contexto, los universitarios euskaldunes de la UPNA denunciaron de forma reiterada la vulneración de sus derechos y la creciente hostilidad institucional. Según el informe del Behatokia (2003), la respuesta del Gobierno y del rectorado fue, en muchos casos, la represión. El 6 de junio de 2001, 125 estudiantes, docentes y trabajadores iniciaron un encierro pacífico en el edificio central de la UPNA en el campus de Arrosadia para denunciar los planes gubernamentales de restringir aún más la presencia del euskera y el borrador del nuevo reglamento de aplicación del euskera que estaba trabajando el equipo rectoral.
La dirección universitaria solicitó la intervención policial. De madrugada, la Policía Nacional irrumpió en el campus y detuvo a 84 personas, algunas de ellas arrastradas por la fuerza (EFE, 2001; Muez, 2001). Tras pasar la noche en comisaría, fueron puestos en libertad la mañana siguiente, después de ser fotografiados y fichados. Los abogados denunciaron que el objetivo real de las detenciones era identificar y controlar a la disidencia universitaria. La intervención policial fue ampliamente criticada por partidos políticos, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Los hechos, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, fueron objeto de duras críticas. Televisión Española informó en sus ediciones del mediodía y la noche del mismo día que los detenidos estaban acusados de resistencia y desobediencia a la autoridad, mientras los sindicatos de estudiantes, la junta del personal no docente y numerosos profesores reclamaban la dimisión del rector y del gerente de la Universidad (García, 2001).
Aquella intervención policial, inédita en la historia universitaria navarra, simbolizó la persistencia del conflicto entre la voluntad de normalización lingüística y los límites institucionales impuestos a su desarrollo. Si la supresión de 1990 había representado la negación del euskera como lengua de docencia, los hechos de 2001 evidenciaban que, una década después, la universidad seguía sin haber resuelto de forma estructural su compromiso con la pluralidad lingüística de Navarra.
Aunque el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Pamplona abrió diligencias, el 21 de agosto de 2001 decretó el sobreseimiento del caso, al considerar que las actuaciones de las fuerzas de seguridad no constituían delito. Paralelamente, las denuncias presentadas por los detenidos por y vulneración del derecho de reunión, violación de derechos, malos tratos y fichaje ilegal fueron también archivadas.
Los hechos se repitieron la noche del 22 al 23 de noviembre del mismo año, con 43 nuevos detenidos. Se abrió una causa por desobediencia y desórdenes, cuyo juicio fue pospuesto en varias ocasiones por el Juzgado de Instrucción n.º 4 de Pamplona.
Los enfrentamientos culminaron la noche del 24 al 25 de abril de 2002, cuando alrededor de 170 estudiantes, profesores y trabajadores se concentraron de nuevo en el campus. En esa ocasión, la actuación policial fue especialmente violenta: varios heridos, entre ellos un profesor y varios alumnos, y alrededor de un centenar de detenciones. Los abogados que acudieron a prestar asistencia denunciaron haber sido expulsados de la comisaría y privados de acceso a los detenidos durante varias horas.
En efecto, cien agentes de la Policía Nacional irrumpieron violentamente en el recinto, golpeando y arrastrando a los manifestantes. Un estudiante perdió tres dientes, otro tuvo que ser hospitalizado con una lesión ocular y un profesor, Manuel Aguilar, fue arrastrado del cuello. En comisaría, varios detenidos denunciaron amenazas como “os enseñaremos cómo torturamos” o “de aquí a seis meses estaréis todos en Cuba”. Más de un centenar de personas fueron arrestadas y permanecieron unas ocho horas de pie, contra la pared, sin acceso a abogados. Uno de los letrados presentes, Joaquín Elarre, denunció haber sido expulsado de la comisaría a empujones. Estos hechos provocaron una huelga general en la UPNA el 30 de abril y una manifestación masiva en Pamplona el 17 de mayo de 2002 en defensa del derecho a estudiar en euskera.
Sin embargo, la presión institucional persistió, y un día antes de la manifestación, el 16 de mayo de 2002, el rectorado prohibió en el Aula Magna una conferencia titulada “Diversidad lingüística en Europa: ¿problema o riqueza?”, que iba a impartir Ignasi-Aureli Argemí i Roca, fundador del CIEMEN y presidente en el Estado español del European Bureau for Lesser Used Languages. El veto a un acto académico de carácter europeo simbolizó el cierre del ciclo de apertura iniciado una década antes: la universidad pública de Navarra, nacida con la promesa de pluralidad, se había convertido en un espacio institucional donde el euskera encontraba cada vez menos lugar.
Behatokia subrayó que en ninguna otra universidad del Estado español se habían registrado respuestas tan duras, desproporcionadas y represivas ante protestas pacíficas relacionadas con los derechos lingüísticos.
En 2002, el Hizkuntz Eskubideen Behatokia (Observatorio de los Derechos Lingüísticos) presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Minorías de la ONU su informe Report on Violations of Freedom of Speech at the Navarre Public University, en el que denunciaba la vulneración sistemática de los derechos lingüísticos en la NUP y señalaba la existencia de una política institucional de marginación hacia el euskera. El informe advertía que la universidad no solo incumplía sus propios estatutos —que reconocen el derecho del alumnado y del profesorado a usar las dos lenguas oficiales—, sino que también reprimía las demandas de quienes reclamaban su cumplimiento, llegando incluso a adoptar “medidas policiales y coercitivas” contra las protestas (Behatokia, 2002).
4.6. Fin de una etapa: las elecciones de 2003 y el cierre del ciclo fundacional
El mandato del rector Antonio Pérez Prados concluyó en 2003 tras una etapa marcada por la conflictividad interna y por las denuncias formuladas en 2002 por el observatorio Behatokia en relación con la situación del euskera en la Universidad Pública de Navarra. Durante su segundo periodo de gobierno, la gestión universitaria estuvo atravesada por tensiones de carácter político y lingüístico, en un tiempo en el que la Universidad era, con frecuencia, un espacio de proyección hacia la vida política. Así, Yolanda Barcina Angulo, vicerrectora de Gestión Académica en el primer equipo de Pérez Prados (1995-1999), pasó posteriormente a ocupar la alcaldía de Pamplona y, más tarde, la presidencia del Gobierno de Navarra.
En los últimos años del mandato de Pérez Prados, Patricio Hernández Pérez ocupó el cargo de vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, en sustitución de Julio Lafuente López, tras haber sido previamente secretario general del mismo rectorado, cargo que pasó a desempeñar José Luis Goñi Sein. Esta vinculación con un equipo rectoral que, en su última etapa, mantuvo una postura considerada beligerante con el euskera, condicionó la percepción pública de su figura en las elecciones de abril de 2003, en las que fue candidato frente a Pedro Burillo, pese a haber defendido el euskera y haber publicado, incluso, una antología titulada Poesía vasca contemporánea (1995).
Las elecciones de 2003 pusieron fin a un periodo de confrontación interna y abrieron una nueva etapa de estabilidad institucional. El nuevo rector, Pedro Burillo, contó con el apoyo de amplios sectores del profesorado y mantuvo la línea de docencia en euskera, aunque sin restablecer el cargo de Adjunto al Rector para la Normalización Lingüística, suprimido en el segundo mandato de Pérez Prados y ocupado en el primero por José María Iza Etxebeste. Desde entonces, la conflictividad descendió de manera significativa, marcando el cierre de una etapa que había estado definida por la tensión entre la política lingüística y la gobernanza universitaria.
Con las elecciones celebradas en 2003, en los albores del siglo XXI, puede considerarse concluido el ciclo fundacional de la Universidad Pública de Navarra, caracterizado por la configuración de su estructura académica y por la implantación definitiva de la línea de euskera en los estudios de Magisterio. Conviene recordar que quien impulsó dicha línea en la antigua Escuela de Magisterio de Pamplona en 1986, José Ramón Pascual Bonís, formó parte del equipo rectoral de Juan García Blasco como vicerrector de Alumnos durante el curso 1994-1995, en una etapa especialmente sensible hacia la consolidación de los estudios en euskera. De algún modo, el cierre de este ciclo institucional supuso también la culminación de un proceso que, pese a las dificultades y controversias que lo acompañaron, permitió asegurar la continuidad de una línea académica que se había visto amenazada en repetidas ocasiones y que, a partir de entonces, entraba en una fase de estabilidad y confianza en su futuro.
En todo caso, la elección de 2003 representó un punto de inflexión. La Universidad había alcanzado un equilibrio institucional, pero también se había decantado por un camino concreto, uno entre los varios que podían haberse abierto entonces. Esa decisión, como otras a lo largo de la historia universitaria navarra, condicionaría el rumbo posterior del euskera en el ámbito académico.
4.7. Caminos que se bifurcan: decisiones y destinos del euskera universitario
La historia del euskera en la enseñanza superior navarra puede leerse como una sucesión de decisiones que abrieron caminos divergentes. En algunos casos, se trató de opciones institucionales; en otros, de coyunturas personales o políticas que marcaron un rumbo que, a la distancia, parece irreversible. Pero toda historia podría haber sido distinta.
El proceso autonómico ofrece un primer ejemplo de esa bifurcación. La decisión de Navarra de no integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca no supuso tanto la elección de una vía frente a otra, sino la coexistencia de dos proyectos paralelos. Unos optaron por continuar el camino conjunto (la Comunidad Autónoma Vasca), y otros decidieron apartarse de él (la Comunidad Foral de Navarra). Cuarenta años después, las consecuencias son visibles: en la CAV, el euskera se ha normalizado y forma parte estructural de la enseñanza superior; en Navarra, su presencia es reconocida, pero limitada, confinada a determinadas áreas y estudios.
El mismo patrón se repite en el ámbito universitario. La integración de la Escuela Universitaria de Magisterio de Pamplona en la Universidad Pública de Navarra, en 1990, abrió otro punto de inflexión. No podemos saber qué habría ocurrido si la Universidad de Zaragoza hubiera mantenido su tutela sobre la Escuela, o si la UPNA hubiera asumido desde el principio un compromiso firme con la docencia en euskera. Tampoco podemos saber cómo habría evolucionado la situación si el rector Pérez Prados no hubiera adoptado políticas restrictivas, o si el presidente Juan Cruz Alli no hubiera destituido a Burillo tras la supresión de la línea de euskera en noviembre de 1990. Cada una de esas decisiones orientó el curso de los acontecimientos y definió el marco en que la lengua debía sobrevivir.
Resulta igualmente significativo que figuras procedentes del mismo entorno académico —como Julio Lafuente López, que en los años noventa fue vicerrector en un periodo conflictivo y en 2007, ya como rector, impulsó la creación del Área de Planificación Lingüística— representen trayectorias que ilustran la evolución de la sensibilidad institucional hacia el euskera. También llama la atención que tres de los rectores de la UPNA —García Blasco, Burillo y Lafuente— procedan de Aragón, mientras que solo uno, Alfonso Carlosena, nació en Navarra, aunque también se doctoró en la Universidad de Zaragoza. Incluso Gregorio Monreal Zia, profesor de la UPNA y reconocido defensor del euskera, alcanzó el rectorado no en Pamplona, sino en la Universidad del País Vasco. Estos recorridos personales, con sus cruces y divergencias, muestran hasta qué punto el destino del euskera universitario ha estado condicionado por una red de casualidades, afinidades y azares biográficos.
Treinta y cinco años después de la integración de la línea de euskera de Magisterio en la UPNA —a los que deben sumarse los cuatro cursos en que la Universidad de Zaragoza impulsó la formación bilingüe (1986–1990)—, puede afirmarse que aquella semilla inicial ha resistido. Su historia, hecha de rupturas y continuidades, de conflictos y reconciliaciones, constituye un ejemplo de cómo las instituciones, como los individuos, se definen tanto por los caminos que eligen como por los que dejan de recorrer.
CONCLUSIONES Y PREGUNTAS ABIERTAS: UNA LECCIÓN HISTÓRICA
En perspectiva, el caso navarro invita a reflexionar sobre una paradoja más amplia. A veces, los proyectos que nacen desde fuera, sin pasiones locales ni rivalidades políticas, logran proteger mejor lo que pertenece a todos. El euskera, patrimonio compartido, encontró en la Universidad de Zaragoza una tutela respetuosa y, en la Universidad Pública de Navarra, un espacio todavía en construcción, donde su lugar sigue siendo objeto de debate.
La historia de la enseñanza superior en Euskal Herria muestra así una constante: cada avance lingüístico ha dependido tanto de la voluntad política como de la integridad académica. En ese equilibrio, la Escuela de Magisterio de Pamplona representó un momento singular de convergencia entre cultura, docencia y política. Durante un breve periodo pareció posible articular un proyecto universitario verdaderamente público, laico y respetuoso con el euskera, que integrara a Navarra en una estructura común sin renunciar a su especificidad. Sin embargo, las circunstancias políticas y los equilibrios institucionales desviaron aquel impulso inicial.
El proceso autonómico terminó por consolidar dos modelos distintos: la Comunidad Autónoma Vasca, identificada con el euskera y dotada de una autonomía educativa sólida, y la Comunidad Foral de Navarra, que aprendió a convivir con su dualidad lingüística, sin llegar a integrar ambas tradiciones como un patrimonio común. La creación de un distrito universitario vasco que incluyera a las cuatro provincias habría favorecido probablemente el desarrollo del euskera, pero la opción por una autonomía diferenciada respondió tanto a cálculos políticos como a la presión del contexto histórico.
Quince años después de su fundación, la Universidad Pública de Navarra cerraba su primera etapa entre tensiones y desencuentros, pero también con una línea de continuidad: la docencia en euskera. Aquellos años mostraron hasta qué punto las instituciones están atravesadas por contradicciones y giros imprevistos. Las trayectorias personales y las decisiones colectivas, como se ha visto, evidencian que las circunstancias, más que las convicciones, pueden determinar el rumbo institucional y el lugar que una lengua llega a ocupar, como muestran —a distintas escalas— la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de Navarra.
Décadas después, la situación lingüística del ámbito universitario navarro refleja una evolución perceptible, tanto en la sensibilidad institucional como en la percepción pública. La presencia del euskera en la vida académica es hoy más visible que entonces, aunque la normalización plena sigue siendo un horizonte más que una realidad. La Comunidad Autónoma Vasca ha culminado su propio proceso de institucionalización lingüística, mientras Navarra ha consolidado un modelo de coexistencia en el que el euskera es reconocido, aunque aún percibido como patrimonio de una parte y no de todos.
El tiempo ha mostrado que la integración universitaria del euskera no depende solo de las leyes o de los planes de estudio, sino de una cultura institucional que lo asuma como valor común. El reto, quizá, sea avanzar hacia ese reconocimiento compartido sin repetir las divisiones del pasado.
En última instancia, la historia de la docencia universitaria en euskera en Navarra es también la historia de una tensión no resuelta entre identidad, política y conocimiento. La lengua ha sobrevivido a los cambios institucionales, a las controversias y a los olvidos, manteniendo su presencia como una forma de resistencia cultural y de memoria colectiva. Quizá esa sea su verdadera lección: que incluso en contextos adversos, las lenguas —como las ideas que las sostienen— encuentran siempre espacios donde seguir pronunciándose.
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ANEXOS
(1) Antecedentes históricos de la enseñanza superior en Euskal Herria
La historia de la enseñanza superior en Euskal Herria constituye un largo recorrido de proyectos ambiciosos, interrupciones políticas y una persistente voluntad colectiva de dotar al territorio de instituciones universitarias propias. Desde el siglo XVI, diversos intentos reflejan tanto la vitalidad intelectual de la sociedad vasca como las limitaciones políticas y económicas que impidieron la consolidación de universidades estables.
A lo largo de los siglos, el impulso ilustrado, la iniciativa foral y el compromiso social han dejado una huella profunda en este proceso, que culminaría, tras siglos de esfuerzos, en la creación de las universidades contemporáneas.
El primer centro con enseñanza superior documentada en el ámbito vasco-navarro fue el monasterio benedictino de Iratxe, en Navarra. Según Goñi Gaztambide (1960), ya en 1539 se impartían allí clases de artes y lenguas clásicas. En 1534 el papa Clemente VII había concedido al monasterio de San Facundo de Sahagún la facultad de conferir grados académicos, privilegio que Felipe II pidió trasladar a Irache. El papa Pablo V aprobó la traslación en 1605, y en 1615 concedió rango universitario al centro.
La Universidad Benedictina de Irache desarrolló su actividad entre 1569 y 1824, convirtiéndose en la primera institución universitaria de Navarra. Alcanzó su esplendor en el siglo XVII, pero decayó con la invasión napoleónica. Tras ser usada como hospital militar, fue restaurada en 1824 por Fernando VII, aunque definitivamente disuelta en 1839 tras el Abrazo de Bergara. En 1885 el edificio pasó a los Escolapios, que lo mantuvieron como colegio hasta 1984. Desde 1986 pertenece al Gobierno de Navarra.
Casi simultáneamente, en Gipuzkoa, el humanista Rodrigo Mercado de Zuazola fundó en 1540 la Universidad de Oñati, que inició su actividad en Hernani (1542) y se trasladó a Oñati en 1548. Impartía Teología, Derecho, Artes y Medicina, y funcionó —con interrupciones— hasta su cierre definitivo en 1901. Se considera la primera universidad vasca propiamente dicha.
El Siglo de las Luces trajo consigo una profunda renovación intelectual. En 1779, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País fundó el Real Seminario Patriótico de Bergara, un centro pionero en la enseñanza científica. Introdujo métodos experimentales, atrajo a profesores europeos y fomentó la formación en el extranjero.
Su actividad, interrumpida en 1793 por las guerras y los cambios políticos, marcó un antes y un después en la historia de la educación vasca: el Seminario de Bergara fue el primer intento de crear una institución moderna y laica de alto nivel en el País Vasco.
Durante el siglo XIX proliferaron los intentos de establecer universidades propias o centros técnicos avanzados, aunque la mayoría no prosperaron:
En Bizkaia, la Escuela de Náutica (1511, reconocida oficialmente en 1784) y la Escuela de Comercio (proyectada en 1800 y fundada en 1818) anticiparon la formación técnica moderna.
En Navarra, la Diputación Foral propuso en 1866 la creación de una Universidad Vasco-Navarra, con apoyo de las demás diputaciones, pero el proyecto no se materializó.
En Álava, el intento de establecer una Universidad Literaria en Vitoria (1869–1873) fracasó, y en Gipuzkoa no prosperó la reactivación de la antigua Universidad de Oñati.
La falta de consenso político y la posterior Guerra Civil Carlista frustraron los esfuerzos, imponiendo un modelo educativo cada vez más confesional, promovido por sectores tradicionalistas bajo el lema Pro Ecclesia, Patria, Societate.
La desaparición del proyecto universitario público impulsó a un grupo de vizcaínos a crear, en 1883, la sociedad anónima “La Enseñanza Católica”, liderada por el padre Manuel Isasi. De esta iniciativa nació el Colegio de Deusto, que comenzó a impartir clases en 1886 y se consolidó como Universidad de Deusto.
En 1897, un Real Decreto autorizó la creación de la Escuela de Ingeniería Industrial, consolidando el perfil técnico y moderno de la enseñanza superior vizcaína y marcando el inicio de la etapa contemporánea de la educación superior vasca.
Tras la Primera Guerra Mundial, el deseo de una universidad propia resurgió con fuerza. El 5 de enero de 1918, el catedrático Ángel de Apraiz pronunció en Bilbao la conferencia Pro Universidad Vasca, reclamando una institución que evitara el exilio académico de los jóvenes vascos.
Ese mismo año se celebró el Primer Congreso de Estudios Vascos, organizado por las cuatro diputaciones y los obispos de Pamplona, Vitoria y Bayona. De aquel encuentro nació la Sociedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, que elaboró los estatutos de la futura Universidad Vasca (1918–1923). El proyecto se presentó formalmente en 1923, pero la dictadura de Primo de Rivera lo paralizó.
En plena Guerra Civil, el Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre, con Jesús María de Leizaola como consejero de Cultura, creó la Universidad Vasca en el antiguo Hospital Civil de Bilbao. Inaugurada el 1 de diciembre de 1936, fue una institución efímera pero simbólica, clausurada en 1937 tras la caída de Bilbao.
Tras la guerra, el panorama universitario se reconfiguró bajo el franquismo. En 1952 se fundó la Universidad de Navarra, promovida por el Opus Dei, que pronto extendió su actividad a San Sebastián.
En 1955, Bilbao experimentó un nuevo impulso con la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, germen de la futura Universidad de Bilbao (1968) y, más adelante, de la Universidad del País Vasco (EHU).
Por su parte, en Gipuzkoa, las antiguas Escuelas de Magisterio, Peritos y Empresariales fueron reconocidas como escuelas universitarias tras la Ley General de Educación de 1970, que las integró en sus respectivos distritos universitarios (Valladolid y Zaragoza, según el territorio).
Haciendo balance de los antecedentes históricos de la enseñanza superior en Euskal Herria, desde los colegios monásticos del siglo XVI hasta la fundación de las universidades modernas, esta historia ha estado guiada por una continuidad de aspiraciones: el deseo de construir instituciones propias, abiertas a la ciencia y vinculadas al territorio y a la lengua.
A pesar de las discontinuidades políticas, desde la monarquía centralista hasta el franquismo, cada iniciativa, ha contribuido a forjar una tradición de deseo de autonomía educativa y de persistencia cultural, que explica la creación de las diferentes universidades vascas en la segunda mitad del siglo XX.
(2) El euskera, oficial en las escuelas (1975)
Euskera ofizialki eskoletanEspañi’ko Estatu-Buruak, Dekretu baten bidez, eskoletako ateak iriki dizkio euskerari. Eziera-legeak (1970-8-22), “izkuntz-jardunak, JATORRIZKO MINTZAIRARENAK tartean”, agintzen zituen; era berean agintzen, “E. G. B.’ko mailletan SORTERRIKO IZKUNTZAREN LANTZEA”.
Esaldi auen azalduraren zai egon gera urte auetan; sekulan ez ain ongi erana: “jauregiko gauzak, patxada aundiz”. Ondarrean, joan den Maiatza’ren 30’ean, aipatutako Dekretua agertu zen, jatorrizko izkuntzeri buruz eskoletan jarraitzeko bideak irikitzen zituelarik. Jainkoari esker, Euskalerria’n esan leike: “Ofizialki eskoletan sartzen da euskera”.
Urrezko izkietan xixelatuko bear genuke lerro ori; bai ta Agindu-agiriaren eguna ere, egun oroigarria bait da. Ezin uste gabiltz oraindikan, ain beste giroa ezagun dugunok. Euskara ofizialki eskoletan!
Príncipe de Viana (1975, ekaineko gehigarria)
El euskera oficialmente en las escuelas
El Jefe del Estado de España, mediante Decreto, abre las puertas de las escuelas al euskera. La Ley de Educación (22-8-1970) prescribía "las prácticas de habla, entre ellas las que se desarrollaran en LENGUA NATIVA”, así como el CULTIVO DE LA LENGUA NATIVA EN LOS NIVELES DE E. G. B.".
Hemos estado a la espera de la interpretación de estas frases durante años; nunca ha sido tan cierto que: "las cosas de palacio, van despacio". Finalmente, el pasado 30 de Mayo, se promulgó el citado Decreto que abría los caminos que debían seguirse en las escuelas con respecto a las lenguas nativas. Gracias a Dios, en Euskal Herria se puede decir: "Oficialmente el euskera entra en las escuelas".
Deberíamos esculpir esa frase en letras de oro, y también el día de la promulgación de la Orden, ya que es un día memorable. Los que hemos conocido tantas situaciones, estamos todavía sin podérnoslo creer. ¡El euskera oficialmente en las escuelas!
2003, 2007. Rector, Pedro Burillo López.
1999, 2003. Rector, Antonio Pérez Prados.
1995, 1999. Rector, Antonio Pérez Prados.
1992, 1995. Rector, Juan García Blasco.
1991, 1992. Rector, Alberto González Guerrero.
1991, 1991. Rector, Pedro Burillo López.
1988, 1991. Presidente de la Comisión Gestora, Pedro Burillo López.
Anteriores a 1987, María Esther Guibert Navaz.
1987, Jose Ramón Pascual Bonís. Año del inicio de la línea de euskera de Magisterio.
Posteriores a 1987, Patricio Hernández Pérez y Josep María Blasco Canet.
